La Organización Panamericana de la Salud (OPS) presentó hoy el informe Implementación de las funciones esenciales de salud pública en las Américas: Evaluación y fortalecimiento de capacidades, destacando la necesidad urgente de reforzar las capacidades institucionales de salud pública en la región para garantizar el acceso universal a la salud y responder eficazmente a los desafíos sanitarios actuales y futuros.

El informe, basado en evaluaciones realizadas entre 2021 y 2023 en 14 países de las Américas, subraya el rol crítico de las Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP) como marco estratégico para mejorar los sistemas de salud. Estas funciones abarcan once áreas clave, incluyendo la vigilancia y evaluación de la salud poblacional, el desarrollo de políticas y planes de salud, y el acceso equitativo a la atención. Su implementación busca fortalecer la gobernanza sanitaria, reducir desigualdades y aumentar la resiliencia frente a crisis como la pandemia de COVID-19.

“Al priorizar las FESP, los países pueden mejorar significativamente las capacidades de sus sistemas de salud de responder a las necesidades de las poblaciones y obtener resultados más equitativos y efectivos”, afirmó el doctor Jarbas Barbosa, Director de la OPS. “Su fortalecimiento no solo refuerza la capacidad de respuesta ante emergencias, sino que también asegura una base sólida para enfrentar los retos de salud a largo plazo”, agregó.

Evaluación de capacidades: Progresos y desafíos pendientes

El análisis muestra avances importantes pero desiguales en la región. De los 14 países evaluados, diez han utilizado las evaluaciones de las FESP para identificar prioridades y desarrollar planes de acción estratégicos. En general, los países presentan una capacidad moderada en la implementación de las FESP, con un cumplimiento que va del 40% al 59% de los estándares establecidos.

Sin embargo, hay diferencias entre subregiones: los países del Caribe muestran una capacidad más limitada, mientras que los de América Latina alcanzan niveles moderados. El promedio regional de cumplimiento sigue por debajo del 60%, lo que refleja desafíos persistentes como la fragmentación de los sistemas de salud, la falta de recursos financieros y humanos, y la ausencia de sistemas integrados de información. Estas limitaciones dificultan la capacidad de los países para monitorear la salud, planificar acciones y coordinar respuestas entre distintos sectores.

La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto la relevancia de las FESP. Los países con mayores avances en su implementación demostraron una mejor preparación y respuesta durante la crisis, lo que refuerza la necesidad de integrar estas funciones en un modelo de atención primaria de salud sólido.

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