Este informe muestra algunas de las variables diferenciales de cinco países de LATAM: Ecuador, Chile, México, Colombia y Perú.

Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), América Latina y el Caribe es el segundo lugar del planeta con las tasas más altas de partos de niñas menores de 15 años -después del África subsahariana-. En 2020, el 80% de las agresiones sexuales tuvieron como víctimas a niñas de entre 10 y 14 años, y aproximadamente 5 de cada 100 niñas de este grupo terminaron dando a luz.

“Eso es muchísimo, porque no es ´tan sencillo´ quedarse embarazada; hay que tener en cuenta -entre otras variables- que el abuso (porque indefectiblemente de eso se trata si hablamos de ese grupo etario) tiene que coincidir con el período de fertilidad, que es breve”, señaló a IntraMed la psiquiatra Julieta Sagnay, de Guayaquil, Ecuador, donde toda relación sexual con menores de 13 años es considerada violación. “Muchas veces el abuso es intrafamiliar (incesto, incluso), y la propia familia tiene miedo a denunciar; otras, hay negligencia judicial. Lo cierto es que es grande la impunidad en muchos de estos casos”, agregó.

Las cifras en Ecuador son duras. Sólo entre enero y abril de este año, 772 niñas menores de 15 quedaron embarazadas por violencia sexual, alertó en mayo la alianza regional de organizaciones “Niñas, no madres”. Y según el Mapeo Dinámico del Embarazo Adolescente, plataforma digital construida con la colaboración de UNFPA y UNICEF, entre 2019 y 2023, se registraron 4.937 niñas menores de 14 años embarazadas. La doctora Sagnay destaca que hay muchas variables que inciden en la problemática: la pobreza, la falta de acceso a la educación en general (y a la educación sexual, en particular), y cada vez con más frecuencia –asegura- el consumo problemático de sustancias, que induce a la promiscuidad.

Y hay otro elemento importante: según un estudio sobre el que informó UNICEF a fines de 2023, pese a que el matrimonio infantil está prohibido en Ecuador, la práctica nociva continúa y es socialmente aceptada: casi el 25% de madres menores de 18 años viven en unión temprana y forzada.

“El estudio enfatiza en que las niñas se ven obligadas a unirse tempranamente como un escape a la situación de vulnerabilidad, violencia y pobreza que viven”, señala el comunicado y cita a Markus Behrend, representante de UNFPA Ecuador: “Las niñas y adolescentes unidas o casadas tempranamente tienen más riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo, parto y posparto, que pueden desembocar en muertes maternas que podrían ser evitables. Estas prácticas nocivas son una violación de los derechos humanos que cambian radicalmente la vida de las niñas”. A pesar de ello, los datos del VIII Censo de Población y VII de Vivienda (2022) por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (2022), muestran que 5.217 adolescentes de entre 12 y 14 años que fueron censados dijeron que su estado civil era de unión libre o matrimonio…

Si llevamos la mirada hacia el Oeste, nos damos con que en Perú las estadísticas son también tristemente elocuentes: el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea (CNV) revela que solo entre enero y julio de 2024, 449 niñas de entre 10 y 14 años han sido madres, lo que implica -dada la edad- que además han sido víctimas del delito de abuso sexual. En realidad, según un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), organismo de Naciones Unidas encargado de la salud sexual y reproductiva, la cifra ha ido en aumento desde 2019, y en 2023 fueron 1.357 los partos de niñas menores de 15 años en 2023. Y, aunque si tienen más de 15 no se puede hablar legalmente de violencia sexual, los datos de CNV para este mismo primer semestre del año indican que la incidencia de embarazos en adolescentes de entre 15 y 18 años ascendió a 20.553 casos.

Pero volvamos a las niñas: entre 2014 y 2023, fueron 2.780 las niñas menores de 15 años que denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual, según datos de PROMSEX, una organización no gubernamental feminista que busca que las personas “decidan sobre su sexualidad y su reproducción con autonomía, dignidad, justicia e igualdad”, según se presenta en su sitio web. Aunque terriblemente doloroso, no sorprende a los expertos: según el último reporte del Programa Aurora ,del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), más de 11.190 niñas y adolescentes han sido víctimas de abuso en el primer semestre del año. Y lo confirma a IntraMed Eleana Rodríguez Valero, coordinadora del programa de Derechos sexuales y reproductivos y ciudadanía en salud del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (CMP Flora Tristán). “Las estadísticas lo mencionan cada vez: las violaciones sexuales han aumentado en niñas y en adolescentes; y precisamente ellas no acceden de manera oportuna al kit de emergencia, ni a la anticoncepción oral de emergencia”.

“Uno de los problemas cuyas secuelas aún estamos observando es que durante la pandemia –casi tres años – disminuyó la entrega de los insumos anticonceptivos, así como la atención y la orientación a adolescentes en salud sexual y reproductiva; tampoco estuvieron disponibles los kits de emergencia, lo que ha impulsado el aumento de las maternidades forzadas”, añade Rodríguez Valero. Forzadas, sí. Veamos por qué: en 2023 los Centros de Emergencia Mujer atendieron a 30.837 personas por violencia sexual, de las cuales el 49.1% eran niñas de 12 a 17 años. Y si alguna de ellas hubiera resultado embarazada y hubiera querido interrumpir la gestación, no habría podido: aunque se han cumplido 100 años de la legalización del aborto terapéutico en Perú, el concepto de “terapéutico” no incluye la violencia sexual…

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